Antiguamente, la
justicia era simple, directa y brutal. Quién la hacía, la pagaba, u otro pagaba
por quién la hacía, pero la pagaba. La ley de Talión. Taxativa y certera. El
derecho romano vino a civilizar el sentido de la justicia mediante un corpus de
leyes que la hacían, al menos, más ordenada y algo más justa. A lo largo de la
historia, y dado que las leyes no pueden hacerse a la medida de cada persona,
eso es casi imposible, sí que las normas de aplicación han ido intentando evolucionar
acercándose, poco a poco, a un máximo posible sentido de justicia, otorgando
posibilidades de defensa, y derechos, procurando analizar todas las opciones,
teniendo en cuenta las circunstancias, los agravantes, los atenuantes, etc…
Y aquí entran los abogados,
encargados de realizar ese trabajo haciendo buen oficio de ello. Lo que pasa es
que, como todo lo que se aparta del fiel de la balanza, tanto quedándose corto
como sobrepasándose, tiende a lograr, por su uso y abuso, lo contrario de lo
que se persigue y sería deseable. Y en esas estamos. Que hoy, cuando un letrado
no saca adelante la supuesta inocencia – o no supuesta culpabilidad – de su
defendido, ya no es por efecto del que delinque o por defecto del que defiende,
no, ahora es siempre culpa del juez que juzga, y juzga mal, o, ya una vez
puestos, de la justicia que es una injusticia. Y asistimos a lo que,
desgraciadamente, ya vemos con demasiada frecuencia en la actualidad. Que si el
fallo favorece nuestros intereses, entonces “se ha hecho justicia”, y si no es
así, entonces “se ha cometido una injusticia”. Siempre y en todos los casos es
igual, siempre las mismas declaraciones, siempre el mismo tole-tole…
La clase política, por su
situación mediática y su responsabilidad pública, son los primeros en
declararse inocentes siempre y en todo caso y lugar. De todas, todas… Si el
maldito juez lo condena, entonces todos sus corifeos, paniaguados y adyacentes
montan el circo victimario de lamentos, quejas y protestas, rito persecutorio
oficiado por el letrado estrella de turno, cuyos sancionables excesos, por
cierto y dicho sea de paso, suelen pagarse del erario público. Pero, en el
fondo, también los delincuentes comunes alegan lo mismo, según salen del
juzgado, que alaban la justicia si salen absueltos y la condenan si son
condenados. Lo malo es que el común de la ciudadanía, al final, también no
sentimos con derecho a entonar la misma cantinela. Y hacemos de la justicia
como lo de la feria: que cada cual cuenta de ella según le va. Pero, al final, todos,
todos , pagaremos por esa equivocación…
Lo cierto y verdad es que un
juez, cualquier juez, ha de juzgar con unas leyes dictadas, precisamente, por
las cámaras políticas, que son las legislativas. Y ha de guiarse por los
Códigos Civil o Penal, independientemente del acusado, mediático o no, y el
letrado, histriónico o no, que tiene delante. Y así con todo y con todos y con
las mismas herramientas para todos. Lo demás es cosa del espectador, que juzga
el partido según el resultado. No digamos los equipos, que lo juzga según la
actuación del árbitro… Les prometo contarles algún día una auténtica historia
de injusticia, para que aprecien la verdadera diferencia…
Así que no caigamos en el error.
Existe un proyecto de este gobierno para cambiar las leyes en beneficio de la
clase gobernante, y que la independencia judicial, que cada vez es más débil,
sea totalmente anulada. El día en que eso ocurra, para los políticos ya siempre
se hará justicia. No así para los ciudadanos. Entonces será como fue en la dictadura,
que las leyes estarán hechas para según qué o quiénes. Pero será legal, todo
legal, pues los jueces se limitan a aplicar las leyes existentes en cada
momento de la historia. Y tenemos buenos, muy buenos, jueces. Respetémoslos
mientras las leyes sean tan buenas como ellos. Luego, será tarde… Y entonces,
nos lamentaremos.
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