UN PROBLEMA CÍVICO

 

El otro día presencié un sucedido: estaba hablando con un policía municipal – de los pocos que aún me conocen – que, con otro compañero, montaban guardia en el centro del pueblo, en el conflictivo cruce frente a la plaza de la Iglesia… Su colega estaba discutiendo con una conductora (no señora) que quería aparcar en estacionamiento prohibido. No la dejó, pero apenas pasados cinco minutos cuando de nuevo estaba allí la doña, intentando dejar el coche otra vez, si bien esta vez con la ventanilla baja e insultando con toda clase de improperios al agente que le impedía aparcarlo donde no debía.

“Quizá – le dije – hubiera sido mejor y más práctico, haberla dejado aparcar y, punto seguido, en consecuencia directa, imponerle una buena multa”. Me contestó con gesto contrito: “lo que más me duele es tener que soportar encima que te insulten desaforadamente”. Le pregunté si el hecho de insultar a la autoridad era todavía delito, una falta en sí misma merecedora de sanción económica. Me dijo que sí, que lo podía haber hecho si hubiera querido, “pero es un pueblo, son vecinos, ya sabe…”

Y no, no lo sé. Nunca he llegado a entenderlo. Siempre he sido partidario de que los agentes de las fuerzas de seguridad sean ejemplo primero de respeto y consideración para con los ciudadanos; pero que, si éstos no actúan con recíproca educación, sean sancionados en debida consecuencia… El actuar con un falso sentido paternalista suele ocasionar un par de efectos negativos: se falta al principio de autoridad, que no se debe perder, y se maleduca a la gente otorgándoles un falso derecho orientado a la ofensa personal o colectiva, incluso puede ser coactiva, de los cuerpos policiales.

Cuando ejercía de Juez de Paz (+ 20 años en el tajo) me cansé de atender quejas en ese mismo sentido… y sigo sin comprender nada. Quizá parte de la culpa, o de responsabilidad, la tengan en este caso concreto, los propios ediles municipales. He vivido la experiencia de una dictadura que forjó y amparó todo tipo de abusos en sus policías, incluido el maltrato físico y el calabozo sin causa justificada. Como he vivido la experiencia de, en el devenir de la democracia, iniciar los políticos el camino contrario: aumentar los derechos de la ciudadanía y restarlos a los agentes encargados de mantener la ley. Nada que objetar al respecto… El problema es que se ha hecho sin educar al personal, y lo único que se ha conseguido es el “efecto péndulo”, esto es: el abuso en el sentido contrario… La anómala cuestión es que ha pasado ya demasiado tiempo como para que aún no hayamos corregido los efectos de tales causas.

Deberíamos entender que ambos extremos: tanto el de los derechos ciudadanos como el ejercicio de la autoridad, requieren una cultura formativa, un conocimiento impartido y departido, y no seguir con la misma burrez e ignorancia a cuestas, pero al revés… Pero, ¿quién y dónde se tenía que haber impartida dicha educación sino desde las mismas escuelas?. ¿Se ha hecho?.. Rotundamente, NO. Los sistemas educativos sobrevenidos han sido más políticos que formativos, más posicionales que educacionales, y, en consecuencia, deformativos.

Y de tales barros “habemus” aquestos lodos, que dice el dicho. Y tenemos lo que tenemos: un ciudadanaje que se cree con todos los derechos del mundo, y unos cuerpos policiales desconcertados, y lo que es peor, aburridos y encogidos por el “manoatadismo” político, y que empiezan a hacer dejación de sus funciones, dada la negativa percepción que tienen de sus cada vez más condicionadas actuaciones. Hay que estar muy ciegos (o bizcos, si acaso) para no ver esta realidad en nuestras calles cada día.

Solo queremos que la policía actúe según nuestro personal interés y necesidad de cada momento, y en ello va incluido, claro, cuando queremos dejar nuestro coche en el lugar que nos plazca y como nos plazca… Y si no, le arrojamos en su cara que “solo estáis para jodernos a multas y no dónde se os necesita cuando se os necesita”. Un escupitajo, por cierto, típico y tópico en estos casos, que convendría analizar profunda y sosegadamente, dicho sea de paso, ya que esa – no velada, aún injusta – acusación, lleva implícita una queja social, quizá que no bien expuesta ni en modo, ni en tiempo, ni en lugar, adecuados.

Pienso (y perdónenme por pensar) que si todos cumpliésemos cívicamente las ordenanzas urbanas de tráfico, los efectivos dedicados a ello podrían destinarse a quehaceres de vigilancia más importantes y necesarios. Por simple ejemplo. Y entonces sí que podríamos exigirles mayor efectividad si colaboramos que si los entorpecemos… Otra cosa, y otro caso, naturalmente, es la buena dirección que los políticos, nacionales, regionales y locales, les impriman en el desempeño de sus funciones y cometidos… no politicastres, sino cívicos.

La cuestión de fondo reside en que aún no hemos aprendido las más básicas reglas democráticas, o sea, que para que la democracia nos sirva a nosotros, nosotros hemos de servir a la democracia… En el caso que nos ocupa, se traduce en que todos, policía y ciudadanía, nos servimos de esa tal democracia, sí, pero la tomamos como un derecho, no como un frágil regalo, que es lo que en realidad es… Y ahí hay partidos al acecho para robárnosla a poco que nos descuidemos o que no la merezcamos. Y parece que vamos camino de ello.

MIGUEL GALINDO SÁNCHEZ  /  info@escriburgo.com / www.escriburgo.com